El TJUE fija el umbral del fraude contra los intereses financieros de la Unión
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea fija en 50.000 euros el umbral automático a partir del cual un fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión debe calificarse de «grave», en su nueva sentencia Lin II sobre un caso de fraude fiscal en Rumanía.
Cuándo un fraude se considera grave contra los intereses financieros de la Unión
El Tribunal de Justicia precisa el concepto de fraude «grave» que afecte a los intereses financieros de la Unión. Declara que, cuando ninguna disposición nacional fija el umbral para esa calificación, el fraude ha de considerarse automáticamente «grave», a los efectos del Convenio PIF, cuando su importe total supere 50.000 euros, con independencia de que el perjuicio realmente ocasionado al presupuesto de la Unión sea o no inferior a dicho umbral.
El caso Lin II: facturas ficticias y un administrador sin condena
En el asunto Lin II, el administrador de dos sociedades mercantiles emitió facturas fiscales ficticias con el propósito de que una tercera sociedad pudiera reducir su base imponible. El perjuicio causado al presupuesto del Estado rumano asciende a 268.536 leus rumanos, unos 59.304 euros, mientras que el IVA eludido asciende a 163.656 leus rumanos, unos 36.142 euros, afectando así a los intereses financieros de la Unión.
Aunque fue procesado por complicidad en fraude fiscal, dicho administrador quedó sin condena, al declararse prescrita su responsabilidad penal en primera instancia, confirmada por el Tribunal Superior de Oradea. La Fiscalía recurrió esa sentencia, lo que motivó la remisión prejudicial del Tribunal Supremo rumano al Tribunal de Justicia.
El desacuerdo del Tribunal Supremo rumano tras la sentencia Lin
Tras la sentencia Lin de 2023, el Tribunal Supremo rumano declaró en 2024 que los órganos jurisdiccionales rumanos no podían dejar inaplicada su resolución de 2022 sin violar los principios de legalidad penal y de prohibición de la lex tertia. El Tribunal de Justicia declara ahora que este criterio no se ajusta al Derecho de la Unión.
El estándar nacional de la lex mitior no viola, como tal, el Derecho de la Unión
El Tribunal de Justicia subraya que no declaró en la sentencia Lin que el estándar nacional de protección relativo a la lex mitior viole por sí mismo el Derecho de la Unión. Se limitó a declarar que ese estándar no puede aplicarse en los casos de fraude grave que afecte a los intereses financieros de la Unión, por incrementar el riesgo sistémico de impunidad.
No es necesario combinar varias normativas ni se viola el principio de legalidad
El Tribunal de Justicia señala que la solución de la sentencia Lin no obliga a combinar varias normativas sucesivas ni viola el principio de legalidad de los delitos y las penas, al incardinarse en una jurisprudencia consolidada y previsible.
La sentencia Lin: el origen de la controversia rumana
La sentencia Lin, de 24 de julio de 2023, se refería a nacionales rumanos condenados por fraude fiscal que alegaban la prescripción de su responsabilidad penal en virtud de dos sentencias del Tribunal Constitucional rumano y una resolución de 2022 del Tribunal Supremo rumano.
El principio de cosa juzgada frente a las resoluciones firmes
El Tribunal de Justicia indica que el Derecho de la Unión no obliga a cuestionar las resoluciones firmes que hayan declarado prescrita la responsabilidad penal por fraudes graves que afecten a los intereses financieros de la Unión, salvo que sean objeto de recurso de casación.