La CNMC recurre restricciones a venta de test sanitarios en farmacias
Fundamento jurídico del recurso
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra determinados preceptos del Real Decreto 942/2025, relativo a productos sanitarios para diagnóstico in vitro. La actuación se ampara en el artículo 5.4 de la Ley 3/2013, que legitima a la CNMC para impugnar disposiciones reglamentarias que restrinjan la competencia efectiva.
El núcleo del litigio radica en la posible vulneración del principio de proporcionalidad, implícito en el artículo 129 de la Ley 39/2015, que exige que toda limitación regulatoria sea idónea, necesaria y equilibrada respecto del fin perseguido, en este caso, la protección de la salud pública.
Preceptos impugnados y alcance restrictivo
La CNMC cuestiona el artículo 19.7, que establece la venta exclusiva de pruebas de autodiagnóstico en farmacias, tanto físicas como en sus páginas web, excluyendo marketplaces. Asimismo, impugna el artículo 19.8, que prohíbe su comercialización mediante máquinas expendedoras.
Desde una perspectiva técnico-jurídica, estas limitaciones suponen una restricción intensa del canal de distribución, que afecta directamente a la libertad de empresa (artículo 38 CE) y a la unidad de mercado.
Análisis de proporcionalidad y alternativas regulatorias
El organismo considera que la exclusividad farmacéutica no supera el juicio de necesidad. Existen alternativas menos restrictivas que permitirían garantizar la seguridad, como la habilitación de otros operadores sujetos a controles sanitarios. Parafarmacias y droguerías cumplen ya requisitos normativos que aseguran condiciones adecuadas de conservación y trazabilidad.
Asimismo, el requisito de asesoramiento profesional no resulta determinante, dado que los productos incluyen instrucciones detalladas. La normativa europea sobre productos sanitarios tampoco impone una distribución tan restrictiva.
Consecuencias sobre el mercado y los consumidores
La restricción de canales reduce la presión competitiva, con efectos previsibles en precios y disponibilidad. En contextos de alta demanda, como emergencias sanitarias, la limitación puede derivar en desabastecimientos, comprometiendo la eficacia del sistema.
Además, la exclusión de plataformas digitales introduce una barrera adicional, contraria a la evolución del comercio electrónico y a los principios de neutralidad tecnológica.